Ramón Lima C.
EX-DIRECTOR DE MIGRACION

HACE pocos días me presentaron a un ciudadano extranjero. Según me dijo, él había leído las críticas en torno al ejercicio de la profesión por una firma de abogados y había seguido el asunto debido a que estaba interesado en residir en Panamá. Él me recomendó que escribiera un artículo, a fin de fijar mi posición sobre el tema. Animado por la buena fe con que me fue sugerido, lo hago ahora bajo el recuerdo de aquel encuentro.

Tal como expresé en el diálogo aludido, afirmé que de acuerdo a la ley de la abogacía, a la migratoria y a la que regula el procedimiento administrativo general, el abogado que llegare a ser servidor público, no puede ejercer su profesión en la misma esfera administrativa donde presta funciones. Agregué que el ejercicio de la profesión la realiza un abogado individualmente o una sociedad civil con su propia personalidad jurídica, llámese firma o bufete de abogados y que no existen personas jurídicas que sean funcionarios al servicio del Estado.

Respecto a la causales de impedimento de que tratan la ley que regula el procedimiento administrativo general, así como el Código de Ética de los servidores públicos, vigente a partir del 20 de diciembre de 2004, afirmé que, en el caso del funcionario que, encargado de decidir, sea socio o pariente de alguna de las partes, él debe abstenerse de conocer la petición, así como de efectuar cualquiera actividad que favorezca al peticionario, a fin de evitar un conflicto de intereses. En esto consiste la aplicación del impedimento.

Agregué que constituye una conclusión errónea, aseverar que una sociedad civil de abogados no puede realizar gestiones administrativas frente al ente público donde existe una persona con vínculos de parentesco o económicos con la sociedad peticionaria.

Lo que prohíbe el Código de Ética es que el funcionario público realice gestiones aprovechando su posición, con el propósito de acelerar trámites o influir en la petición que haga el tercero con quien mantiene algún vínculo. En ningún momento se me pudo, ni se me puede acusar, de que patrociné trámites o gestiones migratorias a favor de la firma de abogados aludida.

Quienes laboran en la Dirección Nacional de Migración son testigos de mi actuación, la cual incluso comprendió una resolución de octubre de 2004, por la cual delegué funciones en varios funcionarios migratorios, todos abogados, quienes tenían la facultad para conocer y decidir, entre otras, las peticiones sobre permisos de residencia.

No quiero calificar las intenciones de mis detractores. Sólo observo que detrás de posiciones seudo éticas se ocultan otras, y éstas se aparentan con intenciones inocentes.

¿Acaso cree algún abogado que iba a pedirle a la firma de la cual estaba separado, que expusiera su nombre o el de uno de sus integrantes para realizar un acto anti-ético o reñido con la ley?

Puedo afirmar categóricamente que, cuando la firma de abogados actuó en su nombre, sin subterfugios y de cara al sol, lo estaba haciendo de forma transparente, sin esconderse detrás de un abogado o de otra firma.

No hubo actuación indebida, sin embargo, la transparencia observada por la firma de abogados fue tachada de ilegal, de anti-ética y sirvió para inventar un escándalo por quienes dicen defender el estado de Derecho.

Sé que en la ley de la selva el fuerte tiende a crear las formas más eficientes para conseguir y asegurar mejor su supervivencia, sirviéndose para ello de medios sutiles de camuflaje.

La verdad hay que descubrirla más allá de las apariencias. Para mí, la verdad es que no falté al Código de Ética, a la Ley de Ejercicio de la Profesión de abogado, a la Ley Migratoria o a la que regula el procedimiento administrativo.

222 Constituye una conclusión errónea, aseverar que una sociedad civil de abogados no puede realizar gestiones administrativas frente al ente público.

De aceptarse que, ya sea una firma de abogados, sociedad civil de profesionales e incluso, que una sociedad anónima no puede tramitar en la esfera donde tiene a un pariente o socio, se estaría aplicando una prohibición no establecida en la Ley.

¿En qué quedarían todos los abogados que trabajan en la Administración Pública y que son integrantes de firmas de abogados? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con todos los que hoy son cónsules o directores de entes públicos, con nexos con sociedades civiles? ¿No podrían sus firmas ejercer actividad alguna ante la misma esfera donde tienen a un socio o persona ligada con ellos? ¿Qué pasaría con aquellos miembros de Juntas Directivas de entidades autónomas y semi-autónomas, que tienen acciones en sociedades anónimas, que realizan transacciones con los entes respectivos, por ejemplo, con la Zona Libre de Colón? ¿Quién vigilaría la conducta de dichos servidores públicos? ¿Quién le está dando seguimiento a estos asuntos? ¿Es que acaso se trataba de una campaña orquestada en contra del entonces Director de Migración?

Acepté convertirme en Director Nacional de Migración a petición reiterada del señor Presidente de la República y con el ánimo de servir a mi país. Renuncié a dicho cargo el 13 de junio de este año, para no continuar exponiendo, injusta e innecesariamente, mi nombre y mi honra.

Ramón Lima C.*

PARA *

Sin pretender convertirme en orientador de las directrices que debe tener nuestra política migratoria, expongo algunas ideas, producto de las valiosas experiencias y conocimientos adquiridos durante los primeros diez meses de gobierno del Presidente Martín Torrijos. Dicha política migratoria debe ser definida y adoptada por el Ejecutivo Nacional, correspondiéndole a la Dirección de Migración tomar el liderazgo en ese camino, proponer los lineamientos generales de ella e implementarla, una vez que el Ejecutivo la adopte. Para ello también contará con el Consejo Consultivo de Migración, figura tomada de la Ley General de Migración y Extranjería de Costa Rica y que será un organismo integrado por el Ministro de Gobierno y el de Relaciones Exteriores, entre otros representantes de los entes públicos.

OBJETIVO FUNDAMENTAL

La mejor política migratoria es aquella que logra que los extranjeros con deseos de residir en el país, se registren en la Dirección de Migración y regularicen su condición migratoria. Con este objetivo, en casi todo el mundo, la persona que desea tener residencia, completa los requisitos y solicita directamente el permiso correspondiente.. El manejo eficiente de la función migratoria se construye sobre una inmigración consistente.

DIÁSPORA

La diáspora nos ilustra sobre múltiples casos de personas que huyen de su patria por sufrir situaciones de guerra, falta de empleo, pobreza, abusos, desastres naturales, persecuciones por sus ideas. Ellas emigran de sus paises de origen, van en tránsito por alguna parte del mundo, en busca de un país de destino. Para muchos de ellos se trata de superar un drama. Sin embargo, no son pocos los casos en que el inmigrante irregular es víctima de abusos. Estas realidades obligan a los Estados a intercambiar información, establecer no sólo controles internos, sino también controles externos (visas comunes, abolición de controles fronterizos), realizar acuerdos, poner en agenda el tema de las migraciones, debido a que el fenómeno migratorio sobrepasa las fronteras y obliga a los gobiernos a cooperar entre ellos.

Este movimiento de personas hace que los gobiernos cuenten con estudios demográficos, con análisis socioeconómicos que tengan como objetivo el desarrollo nacional. Sabemos que una inmigración numerosa de ciudadanos de un solo país, puede afectar nuestra forma de vida. Pero también puede ser beneficiosa, si esa población se integra a nuestros objetivos, a nuestras costumbres, aunque no pierdan su identidad. Ejemplo de este hecho es los Estados Unidos de América, país de inmigrantes por excelencia. Sin embargo, la inmigración hay que controlarla, a fin de que no ocurra, como también sucede en el Estado mencionado, donde se calcula que existen doce millones de inmigrantes ilegales o irregulares, de los cuales la mitad proviene de México.

ALGUNOS ASUNTOS PRIORITARIOS

Se puede tener una política, si a su vez se cuenta con los medios para desarrollarla. De poco vale afirmar que la Dirección de Migración velará por la aplicación de los controles migratorios en todos los puestos fronterizos, si no cuenta con suficiente personal especializado, bien remunerado, que goce de estabilidad y que cuente con instalaciones físicas y equipo adecuados, para brindar un servicio eficiente.

Nuestra política migratoria debe adoptar posición sobre los asuntos siguientes, entre otros que también son importantes:

La necesidad de atraer inversiones extranjeras y promover la inversión local, con el propósito de disminuir los índices de desempleo y afianzar el desarrollo humano integral.

Para la definición de nuestra política migratoria, sirven de orientación, entre otros, los principios generales del Derecho Migratorio, así como los lineamientos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los de la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM), la Iniciativa de Berna, el Proceso Puebla y diversos acuerdos internacionales, como los siguientes:

PROFESIONALIZACION

La profesionalización del personal adscrito a la Dirección de Migración es un imperativo, para que la tarea migratoria logre sus objetivos fundamentales: controlar eficazmente los puestos de entrada a nuestro territorio, registrar a cada extranjero que ingresa y permanece en Panamá e integrar a los extranjeros que deseen vivir con nosotros a nuestros planes de desarrollo nacional.

No se tendrá un personal profesional en Migración, si cada cinco años éste se cambia debido a una sucesión presidencial. Para evitar esa práctica, hay que darle instrucción constante al personal sobre las labores migratorias, aunque primero hay que diseñar un programa de selección de talento humano, que aplique concursos de plaza, para acceder a la planilla. Esto supone que los salarios deben ser acordes con las exigencias del puesto.

SERVICIO EFICIENTE
Otro objetivo indispensable es la prestación eficiente del servicio migratorio. Por ejemplo, todo visitante temporal que venga a trabajar a Panamá, debe obtener su Permiso de Trabajo en veinte días hábiles y la solicitud de su Permiso de Residencia debe poder elevarse de manera simultánea a la de su Permiso de Trabajo, de tal forma que, al cabo de sesenta días hábiles, como máximo, el visitante temporal tenga concedida o negada sus peticiones. Pienso que lo ideal sería que el visitante temporal que venga a trabajar, eleve su petición (la del Permiso de Trabajo y la del Permiso de Residencia Temporal) en una sola cuerda ante la Dirección de Migración. Suiza, por ejemplo, tiene este sistema único. En todo caso, mientras rija el Código de Trabajo que tenemos, es indispensable que el Ministerio de Trabajo y el de Gobierno logren acuerdos que hagan expedita la tramitación de los permisos mencionados.

FACULTAD DISCRECIONAL
La política migratoria exige adoptar reglas que se apliquen con cierto grado de maniobra, por los encargados de aplicarla, ya que siempre debe observarse la circunstancia particular. Me refiero a la facultad discrecional reglada, que debe formar parte de la Ley migratoria. Por ejemplo, frente a una norma que permite que el turista puede permanecer en Panamá hasta tres meses, el inspector de migración debe estar facultado para decidir el tiempo de visita que le autoriza al turista específico, luego de una breve entrevista. A su vez, la Dirección de Migración debe tener suficiente poder para aceptar o negar el Permiso de Residencia solicitado, en atención a razones de seguridad, de situación económica y de salud. Hay casos en que el solicitante puede sobrepasar la edad requerida, pero su estadía está garantizada por la condición socio económica que tiene el residente que lo respalda; por ejemplo, un hijo no estudiante, quien sobrepasa los veinticinco años de edad, pero que es dependiente de sus padres, porque padece una deficiencia mental.

Pienso que la regla general que debe aplicar un Estado frente a una solicitud de Permiso de Residencia, debe consistir en que el peticionario tenga medios económicos que le permitan cubrir sus necesidades, posea una profesión u oficio que le haga autosuficiente económicamente, que no constituya peligro para nuestra seguridad, ni una carga para el Estado y que goce de salud. Todo ello con respeto a los derechos humanos del inmigrante.

TRANSPARENCIA Y DIGNIDAD
La actuación de los funcionarios del ente migratorio también hay que desarrollarla con transparencia, la cual es el mejor antídoto frente a posibles conflictos de intereses, afirmación difícil de entender en nuestro medio, donde se premia la actuación aparente (a través de interpósita persona) y se castiga la actuación de cara al sol. Además, la política migratoria debe realizarse con dignidad.. Ella está orientada a proteger nuestros intereses nacionales, siempre con respeto a los acuerdos migratorios de los que Panamá sea parte y siempre en cumplimiento a nuestra normativa migratoria. Observemos los casos de un turista y de un visitante temporal, quienes permanecen en nuestro territorio más allá del tiempo autorizado; a ambos hay que imponer las sanciones contempladas en el reglamento correspondiente y no permitir rebajas de multa, ni condonaciones de la deuda con el Estado, ya que esas prácticas incentivan la violación a la Ley. Tenemos que hacernos respetar, aplicando las leyes que nos hemos dado.

Si, por otra parte, autorizamos la permanencia de un turista, él o ella no puede dedicarse a actividades lucrativas o a trabajar. Lamentablemente, existen empresas que contratan personal que viene a laborar por un corto período y no solicitan Permiso de trabajo, ni la llamada Visa de Transeúnte. Nos corresponde tener la regulación que contemple esta realidad y facilite estas actividades, pagando los tributos establecidos.

CONCLUSIONES

Toda esta información destaca lo que hemos venido afirmando: la Dirección de Migración debe ser una institución que preste un servicio profesional. Su personal tiene que ser especializado, para que la función migratoria se desenvuelva adecuadamente. Esto exige estabilidad en el empleo y buenos salarios que le sirvan de incentivo, para que, con las herramientas adecuadas de trabajo, sea eficiente el servicio que preste.

Una institución migratoria fuerte afianzará nuestro estado de Derecho y robustecerá nuestra democracia, mientras que una débil traerá como consecuencia la informalidad institucional, con el consiguiente atraso en los servicios que debe brindar, la prestación de una función que dependerá de las simpatías o antipatías de algún funcionario, la presencia del tráfico de influencias (este es una forma de corrupción) y la aplicación incorrecta de la tarea migratoria. Nadie puede sentirse satisfecho con una institución débil, que además, tiene un papel importante en la seguridad ciudadana.

Nos interesa que los extranjeros que residan en nuestro suelo, se incorporen al desarrollo humano integral, por el que trabajamos. También, aquellos que deseen adquirir la nacionalidad panameña, porque quieren integrarse a nuestras costumbres, a nuestra idiosincrasia. Sin embargo, no nos interesan aquellos que desean adquirirla como un medio para facilitar su traslado a otro país. Una enmienda constitucional se impone para evitar estos abusos.

Debemos desarrollar actividades que inviten a los extranjeros a incorporarse a nuestro país. Para ello, la Dirección de Migración, con la colaboración de distintos entes públicos y la empresa privada, deben desarrollar un programa de integración a lo nuestro. Este ilustraría a nuestros huéspedes sobre nuestra identidad, les diría quienes somos los panameños, cuál es el nosotros común que les invita a integrarse a nuestra Nación. No hay duda que este programa contribuirá a identificarnos mejor, ya que tendremos que empezar por nosotros mismos.

Soñemos con una institución migratoria que promueva el desarrollo humano integral, que tenga un Sistema Integrado de Migración capaz de llevar un registro confiable de cada extranjero que conviva con nosotros, temporal o permanentemente, que haga expedita la tramitación migratoria, que cuente con personal especializado, bien remunerado y suficiente para prestar un servicio que nos complazca a todos. Que el Gobierno Nacional adopte la Política Migratoria del Estado panameño y que todos nos reconozcamos en ella.. Convertir en realidad estos sueños le corresponde al Presidente de la República y a otros destacados funcionarios. Podemos apostar a que ¿sí se puede?

(*) ExDirector Nacional de Migración y abogado