Oct 04

1.  ¿Qué obligaciones tienen el padre y la madre con sus hijos e hijas después de un divorcio?

El deber del padre y de la madre de velar por la salud, la educación, la vida y la alimentación de sus hijos e hijas subsiste con posterioridad al divorcio de los padres.  En este sentido el Código de la Familia dispone que la declaración del divorcio no priva a los hijos o hijas de las ventajas asignadas por la ley.

La patria potestad, de acuerdo al Código de la Familia, es “El conjunto de deberes y derechos que tienen los padres con respecto a la persona y los bienes de los hijos o hijas, en cuanto sean menores de edad y no se hayan emancipado”.  La misma comprende una serie de deberes y derechos consistentes en velar por la vida y la salud de los hijos e hijas, de suplir sus necesidades afectivas, de alimentarlos, educarlos, formarlos, corregirlos (razonable y moderadamente), de disfrutar de su compañía y de representarlos y administrar su bienes y procurarles una formación integral.

Aclaramos que cuando hablamos de alimentos no sólo nos referimos a la obligación que tienen los padres de suministrar las sustancia nutritivas o comestibles para el desarrollo físico y mental de los hijos e hijas, sino a todo aquello que es necesario para una subsistencia decorosa.

Los alimentos deben ser cubiertos por los padres y la cuota alimentaria correspondiente debe guardar la debida relación entre la capacidad económica de quien(es) está(n) obligado(s) a darlos y las necesidades de los hijos e hijas.

2.  ¿Hasta qué edad el padre y la madre deben velar por la alimentación de sus hijos e hijas?

De acuerdo con el Código de la Familia, la obligación de alimentos cesará cuando el (la) beneficiario(a) llegue a la mayoría de edad, la cual en nuestro ordenamiento jurídico se alcanza a los 18 años.  No obstante, el deber de proporcionar alimentos se extenderá hasta los 25 años, siempre y cuando los hijos o hijas estudien con provecho tanto en tiempo como en rendimiento académico.

Si la persona que necesita alimentos es un discapacitado profundo, la obligación de prestarlos perdurará por el tiempo que éste los requiera.  Como padres tenemos el deber moral de ayudar a nuestros hijos mientras ellos lo necesiten.

3.  ¿Puede un padre o una madre que no estén cumpliendo con el pago correspondiente de la pensión alimenticia ver a su hijos?

La patria potestad comprende el derecho que tiene el padre y la madre de disfrutar de la compañía de sus hijos o hijas, de visitarlos y de mantener la comunicación necesaria.  Con el propósito de que los hijos o hijas conserven una relación armoniosa con sus padres, es recomendable que éstos acuerden, voluntariamente, el régimen de comunicación y visita correspondiente.

Es importante comunicar que el derecho de comunicación y de visita puede hacerse extensivo a otros parientes del menor, como por ejemplo, a los abuelos.

El incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia por sí solo, no conlleva la suspensión del derecho de comunicación y de visita que tienen los padres con relación a sus hijos o hijas, ya que la falta de pago de dicha pensión puede obedecer a diversas razones.

El Código de la Familia establece que, excepcionalmente, en beneficio del interés del menor, podrán adoptarse disposiciones especiales que limiten la comunicación y la visita de uno o de ambos padres, de los ascendientes u otros parientes del menor, e incluso que la prohíban por cierto tiempo o indefinidamente.  No obstante, dichas limitaciones pueden ser modificadas, una vez cambien las circunstancias que determinaron su pronunciamiento.

4.  Si el hijo o la hija es un niño o niña enfermo(a) y necesita una alimentación especial:  cuál es la responsabilidad del padre y de la madre para con el(la) menor?

En estos casos, el padre y la madre están obligados a proveer alimentos al niño o niña enfermo; en consecuencia, deben suministrarle lo necesario para atender las necesidades de salud y de alimentación del (de la) menor.

Con relación a este tema, el artículo 348 del Código de la Familia dispones que “La patria potestad con relación a los hijos o hijas que hayan sido incapacitados por deficiencias o anomalías físicas o psíquicas profundas, quedará prorrogada por ministerio de la ley al llegar a la mayoría de edad”.  Esto significa que el deber de los padres de proporcionar a sus hijos(as) lo necesario para su atención médica y alimentación subsiste por el tiempo en que el hijo o la hija lo requiera.

Sobre este tópico el artículo 23 de la Convención de los Derechos del Niño dispone:

1.  Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad.

2.  Los Estados reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales, y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él.

5.  ¿Qué obligación tiene el Estado con los menores huérfanos?

El Estado tiene el deber de proteger y brindar asistencia especial a los menores huérfanos.  Ello se desprende del artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño, conforme al cual:

Artículo 20

1.  Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que permanezcan en ese medio, tendrán derechos a la protección y asistencia especial del Estado.

2.  Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidados para esos niños.

3.  Entre esos cuidados figuran, entre otras cosas, la ubicación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción, o de ser necesario la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores.  Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

La Convención expresa que los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños, cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

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